Por: Damaris Castellanos
La situación de los empleados en Guatemala se ha visto agravada por el Covid-19. En muchos lugares de trabajo, las personas no están debidamente protegidas y corren el riesgo de contaminación. Además, muchas personas están desempleadas debido a la pandemia. Para muchas familias en Guatemala es una lucha cada día sobrevivir. La pobreza ha crecido.
Marjolein Groenewegen de CNV International advierte que: "en Guatemala, solo el 2% de los empleados está afiliado a un sindicato y afiliarse a uno, puede poner en riesgo el trabajo. Los líderes sindicales corren riesgos aún mayores, ya que a menudo se sienten intimidados. Desde 2006, unos 90 líderes sindicales perdieron la vida debido a su trabajo para un sindicato."
El mercado laboral de Guatemala se ha caracterizado por su alto grado de informalidad que no ha variado desde hace años. Utilizando los datos de la ENEI y de los afiliados al IGSS, se puede estimar que, en 2019, solamente el 19.5 % de la población ocupada laboraba en la formalidad.
Gráfica 1. Tasa de formalidad (afiliados al IGSS respecto a los ocupados)
Fuente: elaboración propia con información de OIT (2020) basada en datos del INE y el IGSS (2020).
En la gráfica 2 se ilustra cómo en los últimos 10 años Guatemala ha tenido un desafío muy fuerte en la generación de empleos formales. Del 2010 al 2019 Guatemala generó alrededor de 27,070 empleos formales anuales en promedio, incluso mostrando una desaceleración en la generación de empleos en los últimos años. Esta cantidad por sí sola no es suficiente para cubrir la demanda laboral, considerando la cantidad de personas que se suman a la PEA cada año, que la mayoría se suma de manera informal. Otro aspecto a notar es el importante peso que tiene el sector público en el empleo formal, de los empleos que se generaron en 2019, 71 % se generaron en el sector privado y 21 % en el sector público.
Gráfica 2. Afiliados al IGSS por sector, 2010-2019
Fuente: elaboración propia con información del IGSS (2020).
Hasta el año 2017 se incluían a los trabajadores de las entidades descentralizadas, autónomas, gobiernos locales y empresas públicas financieras y no financieras dentro de los patrones particulares.
La pérdida de empleo formal en 2020 fue significativa, desafiando al sector productivo guatemalteco que ya de por sí tenía dificultad en la generación de empleo formal. La generación de nuevos empleos y la recuperación de los perdidos debe ser parte de la agenda de recuperación en un corto y mediano plazo. La atención de los sectores que continúan deprimidos y la búsqueda de proyectos de inversión que generen empleos formales debe ser prioridad del gobierno en el contexto de la reactivación económica.
¿Qué opinan de la Crisis?
En un comunicado, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, se pronunció por las condiciones de desigualdad a la que son sometidos quienes laboran en el sector informal y las consecuencias que la crisis sanitaria ha traído a este grupo. Destaca que en los últimos 40 años los trabajadores han luchado por el cumplimiento de sus derechos, iniciativa a la que, según él, no es de interés para los patronos y a la que el Gobierno hace caso omiso. “De acuerdo con cifras oficiales, más del 70% de los patronos formales incumplen el pago del salario mínimo, sin consecuencias legales”, recalcó Rodas.
En el documento también menciona que la pandemia Covid-19 ha causado un incremento en la cantidad de personas laborando en la informalidad, “en Guatemala, tras los impactos de la pandemia del Covid-19, la población que trabaja en la informalidad se incrementó en casi 10 puntos porcentuales y ronda ahora el 80% de la fuerza laboral”, señala.
También sostiene que más del 90% de estos individuos sobrevive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, donde la mayoría labora entre 12 y 16 horas al día para obtener ingresos que, aún así, no les permite adquirir la canasta básica, ni disponer de protección social, asistencia técnica, acceso al crédito y derechos de pensión.
Ante lo expresado anteriormente, el magistrado de conciencia sugiere al Congreso de la República y al organismo Ejecutivo crear políticas públicas para generar empleo digno y programas de formalización del trabajo para restablecer los derechos y el rendimiento de los trabajadores y trabajadoras.
Rodas propone realizar acciones que faciliten la formalización de al menos 1 millón de trabajadores en los próximos dos años, mediante la coordinación interinstitucional del Ministerio de Trabajo y Asistencia Social (Mintrab), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Recalca que estas acciones deben garantizar el cobro del monotributo anual o semestral, restaurar derechos laborales de seguridad social, protección en caso de discapacidad y cobertura de retiro, acceso a créditos blandos y asistencia técnico-administrativa.
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