UN GOBIERNO DESLIGADO DE LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES
Por: Isabel Pacheco
El trabajo sexual en Guatemala, a diferencia de la prostitución, es permitir que las mujeres puedan prestar servicios sexuales legalmente y a su vez contar con el respaldo y la aprobación legal del Gobierno de Guatemala. Alrededor de 26,000 mujeres en Guatemala son trabajadoras sexuales. Además, las mujeres trabajadoras sexuales han luchado por sus derechos a lo largo del tiempo, logrando así la creación de organizaciones que les brindan apoyo médico, social, emocional y psicológico, hasta lograr la creación de un sindicato de trabajadoras sexuales con el fin de mejorar sus condiciones laborales.
En la oscuridad de un cuarto pequeño, sucio y en una cama desarreglada se encuentra sentada una mujer de 23 años de estatura mediana y con una quemadura de primer grado en la pierna izquierda, consecuencia de la violencia que vivió hace menos de una semana por negarse a tener relaciones sexuales con unos clientes que se comportaron violentos y querían obligarla.
Jessica es como se hace llamar una de las trabajadoras sexuales más jóvenes de la comúnmente nombrada “La Línea” ubicada en la vía férrea de la 15 avenida entre 4ª y 5ª calle de la zona 1 de la ciudad de Guatemala.
La joven Jessica a sus 23 años, busca ganarse la vida para mantener a sus 3 hijos y brindarles estudio, comida y un hogar sano, todo lo que ella no pudo tener, puesto que cuando apenas tenía 10 años y “aún jugaba a las muñecas,” recuerda ella, fue vendida por su madre a cambio de unos billetes, alcohol y drogas.
Durante los últimos 13 años ha sufrido tres abortos provocados por su madre y por los clientes que al terminar las relaciones sexuales la golpeaban hasta dejarla inconsciente.
Posteriormente, a los 16 años salió de su casa para vivir en la calle, en donde conoció a un hombre que la llevó a vivir consigo y la embarazó, Jessica dio a luz a dos de los tres niños que tiene, pero conforme el tiempo pasaba, el hombre se volvió violento y agresivo y por lo tanto después de cumplir la mayoría de edad, salió a trabajar a las calles.
Cuando comenzó a trabajar como servidora sexual a los 19 años, quedó embarazada en sus primeros días laborando, por lo tanto, tomó la decisión de operarse, pero ningún centro de salud público le brindó el apoyo.
“Durante los cuatro años que llevo trabajando como servidora sexual, he sufrido violencia y agresiones físicas, emocionales y sexuales. Los hombres me han obligado a tener relaciones cuando los rechazo porque no pagan lo que les pido, me han pegado por no querer complacer fantasías que ponen en riesgo mi vida, me han maltratado y me han amenazado de muerte.”
Jessica teme por su vida, puesto que el pasado 29 de octubre dos hombres en auto se acercaron a ella para pagarle por sus servicios sexuales, ella aceptó por la cantidad de dinero que le ofrecieron, prometiéndole el efectivo en ese mismo instante. Recorrieron varios kilómetros fuera de la ciudad en camino a San José Pinula y llevándola a una habitación en donde se estaban practicando ritos por encontrarse en las vísperas de la fiesta pagana Halloween.
Jamás imaginó que prácticamente la habían secuestrado para usarla en uno de esos actos paganos. Al llegar al lugar, Jessica cuenta: “me despojaron de todo el dinero que me habían dado y las pertenencias que llevaba, me desnudaron y esos dos hombres me violaron, pero al intentar defenderme los comencé a patear y uno de ellos agarró una de las velas que estaban en algún lugar de la habitación y me quemó la pierna, dejándome caer la cera y apagando la vela en mi piel.”
Horas más tarde, la madrugada del 30 de octubre, los dos hombres dejaron a Jessica en la 18 calle y 7ª avenida de la zona 1 y la amenazaron con asesinarla si atentaba contra ellos o los denunciaba.
Golpeada, quemada y abusada, Jessica debió regresar a sus labores en La Línea y buscar continuar con su vida, pero el dolor quedó marcado en ella como la cicatriz en su pierna y una semana más tarde buscó denunciar lo ocurrido ante las autoridades.
Este es el testimonio de una trabajadora sexual que, al intentar defenderse del abuso de dos hombres, fue agredida y violentada, pero al usar su sexualidad como medio para generar ingresos, fue discriminada, ignorada y olvidada por muchas autoridades como la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.
Tras el trágico suceso y la amenaza, Jessica buscó apoyo en las autoridades, por lo que se dirigió a unos policías para manifestarles la situación que vivió y únicamente consiguió que se burlaran de ella y que le solicitaran sus servicios sexuales, en vez de brindarle apoyo y orientación para realizar una denuncia.
“Me dijeron que no me ayudarían porque me dedicaba a la prostitución y era mi culpa, yo me lo había buscado por vender mi cuerpo.”
Poco después, cuando logró emitir la denuncia en el Ministerio Público y al no tener los nombres de sus agresores ni forma alguna de identificarlos, realizaron el papeleo para concretar la denuncia, pero le dijeron que su caso era vago por la falta de información y datos para identificar a los agresores y que, además, no había evidencia de que la hubiesen violentado, le insinuaron que ella se pudo haber quemado de otra manera, pero que le darían seguimiento a su caso en el mes entrante.
Al no tener respuesta alguna de las autoridades, buscó apoyo en distintas organizaciones no gubernamentales para recibir soporte y apoyo, una de estas organizaciones fue CAS GT y la Organización Mujeres en Superación (OMES).
Tras conversar con otras mujeres de OMES, conoció los derechos que le brindaba el tener un Sindicato de Trabajadoras Sexuales Autónomas, la lucha que han tenido a lo largo de la historia para buscar erradicar el rechazo, la discriminación y lograr el reconocimiento de esta labor.
Además, la lucha por la búsqueda de la protección y la igualdad continúa para facilitar el apoyo y la seguridad a las mujeres que se ganan la vida a través de su sexualidad y garantizarles que se cumplirán sus derechos en igualdad a los de todas las personas, como se encuentra descrito en los Artículos 3 y 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Creación de un sindicato para las trabajadoras sexuales y sus beneficios.
En el año 2015, cumpliendo lo establecido en el Artículo 206 del Código de Trabajo, las trabajadoras sexuales emitieron una solicitud al Ministerio de Trabajo para la creación de un sindicato, la cual fue aprobada y con este logro se intensificó la búsqueda por los derechos y una calidad de vida para las mujeres trabajadoras sexuales.
La creación del Sindicato de Trabajadoras Sexuales Autónomas ofreció los mismos derechos y obligaciones que tienen los demás sindicatos de trabajadores cuyo objetivo es el mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes de los trabajadores, según lo estipula el Ministerio de Trabajo.
Actualmente en el año 2021, tras seis años de la creación del Sindicato de Trabajadoras Sexuales Autónomas, se continúa con la búsqueda de leyes que amparen y protejan a las trabajadoras sexuales de la violencia que puedan sufrir, provocada por las dificultades y los riesgos de su trabajo.
Violencia y abuso sexual.
Según la Organización de Mujeres en Superación (OMES), la violencia contra las mujeres trabajadoras sexuales comienza con la falta de conocimiento de la definición de los términos que identifican y diferencian el trabajo sexual de la prostitución y la trata de personas.
El término “trabajadora sexual” se define como una persona adulta que, sin ser coaccionada o forzada, realiza actividades sexuales o relacionadas con la industria sexual como medio para obtener ingresos u otra forma de retribución que le sustenten.
La trata de personas se define como el comercio ilegal de personas con fines de esclavitud reproductiva, trabajos sexuales forzados y explotación sexual.
Según la OMES en el sistema machista, heterosexista y patriarcal de nuestra cultura se usa el término “puta” al referirse a las mujeres o a las trabajadoras sexuales para denigrarlas y que, con esto los hombres agranden su ego y fortalezcan su machismo, puesto que la RAE define esta palabra como una calificación denigratoria.
En el 2020, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) fueron violadas 251 mujeres según lo registrado del hecho. “En este tipo de estadísticas se omiten a las trabajadoras sexuales puesto que por falta de mérito prefieren evitar las denuncias”, informa la OMES.
A pesar de que la labor de las mujeres trabajadoras sexuales, sea vender su cuerpo a cambio de una retribución, al no desear y rechazar la relación sexual con un hombre y éste al forzarla a tener relaciones, se contempla como una violación.
En Guatemala, las mujeres trabajadoras sexuales son violentadas, secuestradas, violadas, desaparecidas y asesinadas, pero esto deja de ser relevante cuando la sociedad discrimina la manera de ganarse la vida de estas mujeres, por lo tanto, estereotipan que ellas se buscan lo que les sucede.
¿Quién las protege?
Según la Secretaría Presidencial de la Mujer, no cuentan con información acerca de la protección y regularización de las trabajadoras sexuales ante la violencia que puedan enfrentar durante su labor.
El pasado 11 de junio fue asesinada Andrea González, miembro de la Organización Mujeres en Superación, activista y defensora de la comunidad Trans y de las trabajadoras sexuales.
Tan sólo un mes después del asesinato de Andrea, se llevó a cabo una reunión entre representantes del Sindicato de Trabajadoras Sexuales Autónomas y el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade junto al Defensor de las Personas Trabajadoras, Daniel Reyes, en búsqueda del apoyo del PDH, en relación a sus derechos laborales para la creación de una Ley de Reconocimiento del Trabajo Sexual.
La Organización de Mujeres en Superación y el Sindicato de Trabajadoras Sexuales Autónomas se encuentran en constante búsqueda por los derechos y la protección a las trabajadoras sexuales, junto a otras organizaciones internacionales como RedTraSex.
El trabajo sexual no es trata de personas. El trabajo sexual es trabajo, por lo tanto, las trabajadoras sexuales merecen que se cumplan sus derechos, merecen protección, seguridad e inclusión.
Fotografía: Isabel Pacheco
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