Casi cerca de abolir la pena de muerte

Por: Irma Lopez

Fue en la Constitución del Estado de Guatemala, del 11 de octubre de 1825, en el artículo 182 donde se dio la primera referencia de la pena de muerte, es un castigo establecido, tras el dictamen de un juez, que consiste en quitarle la vida a una persona que haya cometido un delito grave o capital al incumplir la ley. También se denomina como pena capital o ejecución

Tiempo después la pena muerte figura en el Artículo 18 de la Constitución Política de la República de Guatemala que dice: “ARTÍCULO 18. Pena de muerte. La pena de muerte no podrá imponerse en los siguientes casos: a. Con fundamente en presunciones; b. A las mujeres; c. A los mayores de sesenta años; d. A los reos de delitos políticos y comunes conexos con los políticos; y e. A reos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición”.

La sociedad guatemalteca ha visto desde el siglo XIX cómo los gobiernos aplican la ejecución de la pena de muerte. El primer fusilamiento registrado en el país data de 1840, cuando el presidente de la República, general Rafael Carrera, envió al paredón a Roberto Molina, alcalde de Quetzaltenango, quien fue ejecutado junto con sus concejales.

En efecto, de acuerdo al Artículo 4 del Decreto Ley 46-82 de 1° de julio de 1982, creador de esos Tribunales e Fuero Especial, a los responsables de los siguientes delitos en lo sucesivo se les aplicará la pena de muerte, durante el gobierno de Jorge Ubico (1931-1944), el control sobre la población se mantuvo por políticas represivas y hábiles.

La aplicación de la ley fuga, el control de las cárceles —las cuales estaban atestadas tanto de criminales comunes como de presos políticos— y el fusilamiento fueron parte de ese régimen. El 2 de mayo de 1931 fueron fusilados Eduardo Felice Luna, Juan Emilio Blanco y Cayetano Asturias, acusados del asesinato de una anciana. La ejecución fue pública y tuvo lugar en el paredón del Cementerio General.

Las ejecuciones continuaron, sobre todo en los regímenes militares, en contra de asesinos y violadores. Estas eran paralelas a la política contrainsurgente aplicada a líderes estudiantiles, sindicales y opositores, quienes eran ejecutados extrajudicialmente. Durante el régimen de facto de Efraín Ríos Montt, el fusilamiento fue aplicado por los polémicos Tribunales de Fuero Especial, que ejecutaron, según registros, a 15 personas.

En 1996 propusieron sustituir el fusilamiento por la inyección letal, La última ejecución por fusilamiento tuvo lugar el 13 de septiembre de 1996, con gran atención mediática, al punto de haber sido televisada en directo.

El 13 de septiembre de 1996 se ejecutaban a las últimas dos personas por medio del fusilamiento, un hecho muy mediático que motivó la reforma de la aplicación de la pena de muerte, cambiándola por la inyección letal.

Ejecución de los reos Pedro Castillo y Roberto Girón por medio de fusilamiento, en la granja penal Canadá, en Escuintla el 13 de septiembre de 1996. El Titular de la edición especial de Prensa Libre del 14 de septiembre de 1996 informando sobre el fusilamiento de dos reos por la muerte de una niña en 1993.

Esta situación obligó a las autoridades a solicitar la reforma del decreto 234 del Congreso, emitido en 1946, que indicaba el procedimiento de las ejecuciones y sustituir el fusilamiento por la aplicación de la inyección letal para darle un trato más humano al condenado. El 29 de julio de 1997 fue inaugurado el Módulo Letal, en el que se aplicaría el nuevo tipo de ejecución.

El 10 de febrero de 1998 se ejecutó a Manuel Martínez Coronado, primero por inyección letal, por la masacre de una familia. Las últimas ejecuciones datan del 29 de junio del 2000, de dos secuestradores, también mediante inyección letal.

La última aplicación de la pena de muerte en Guatemala tuvo lugar el 29 de junio del 2000, y fue por medio de inyección letal. Luego de las últimas ejecuciones, el presidente Alfonso Portillo eliminó en el 2001 la facultad del Ejecutivo de aplicar el indulto. El tema se retomó en el 2008, durante el gobierno de Álvaro Colom, cuando el Congreso intentó por medio de un decreto la reactivación de la pena de muerte y el indulto presidencial. Sin embargo, Colom vetó la ley por considerarla inconstitucional.

El tema de la pena de muerte ha sido utilizado por los políticos para sus campañas electorales. Por ejemplo, Manuel Baldizón y Zury Ríos prometían aplicarla, si llegaban al poder.

El presidente, Jimmy Morales, dijo abiertamente que aplicaría la pena de muerte y el diputado oficialista Marcos Yax presentó el 9 de agosto de 2017 una iniciativa en el Congreso para reactivar la aplicación de la pena capital.

Los tipos de pena de muerte son los métodos de ejecución más comunes como la decapitación, el ahorcamiento, la inyección letal y muerte por arma de fuego. La tendencia general, según AI, es a la abolición, ya que más de la mitad de los países en el mundo han abolido totalmente la pena de muerte.

Y es que para muchos la pena de muerte es una ventaja, sirve como ejemplo de castigo para aquellos que cometieron un delito grave. Generador de seguridad de la sociedad; para evitar que el imputado reincida si en algún momento se pretendía que una vez extinguida la pena por cumplimiento, saliera de la cárcel.

El Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte, es el único organismo del estado que podrá hacerlo

La corté Interamericana de los Derechos Humanos sobre la pena de muerte opina que en ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos. ... No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se les aplicará a las mujeres en estado de gravidez

Y el actual presidente Alejandro Guiamatei en febrero del año 2021 manifestó:

Yo le pido al Congreso que no nos tiemble la mano para enfrentar a los criminales. Si hay necesidad de la pena de muerte, que lo hagan. Si a mí me llega una pena de muerte, la vamos a evaluar", dijo el mandatario a periodistas tras un acto público en el departamento de Izabal, al noreste de Guatemala.

Las palabras del gobernante fueron pronunciadas tras la muerte el miércoles en el departamento de Petén (norte) de Sharon Figueroa, una niña de ocho años que desapareció del patio de su casa el lunes y cuyo cuerpo fue encontrado al día siguiente con signos de violencia y asfixia.